El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto
de Ley de Protección de la Vida del Concebido
Con esta Ley
se regresa al sistema de supuestos en los que se basaba la Ley del
Aborto de 1985, y que fue sustituido por el de plazos en la Ley 2/2010, de 3 de
mar zo, de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Los
supuestos que prevé la Ley, para la interrupción del embarazo son, primero que
éste sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual de
la mujer, que podrá interrumpir la gestación en las 12 primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia.
El
segundo de los supuestos en el que la mujer podrá interrumpir el embarazo,
hasta la semana 22, es cuando exista grave peligro para la vida o salud física
o psíquica de la mujer
Para el caso
de embarazo de jóvenes de entre 16 y 18 años de edad y las mayores
sujetas a cúratela, además de que éstas presten su consentimiento, será
necesario tambien el asentimiento de los padres o tutores o curadores.
En el caso
de menores de 16 años o mujeres mayores sujetas a tutela será necesario el
consentimiento de los padres o tutores y la manifestación de la voluntad de la
menor, para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias. En caso
de desacuerdo el juez dará valor al consentimiento de los padres o tutores
siempre y cuando atienda al interés del menor.
Por esta norma se modifican las Leyes
siguientes:
v
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
v
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
v
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
v
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la Autonomía del
Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
v
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud
v
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
v
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
CUADRO RESUMEN
MODIFICACIONES INTRODUCIDA POR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL
CONCEBIDO.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal (Redacción
Anterior)
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Modificaciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal.
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Artículo 144.
El que produzca el aborto de una mujer, sin su
consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para
prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.
Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto
habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.
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Se modifica el artículo 144, que queda redactado
de la siguiente manera:
«1. El que produzca el aborto de una mujer, sin
su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho
años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o
para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez
años.
2. Las mismas penas se impondrán al que practique
el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia,
amenaza o engaño.»
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Artículo
145.
1. El que produzca el aborto de una mujer, con su
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con
la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados,
por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad
superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un
centro o establecimiento público o privado acreditado.
2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que
otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será
castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses.
3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas
respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la
conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.
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Se modifica el artículo 145, que queda
redactado de la siguiente manera:
«1. El que produzca el aborto de una mujer, con
su consentimiento, fuera de los casos
previstos en el artículo 145 bis, será castigado con la pena de prisión
de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión
sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas,
establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por
tiempo de uno a seis años. El juez impondrá la pena en su mitad superior
cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o
establecimiento público o privado acreditado.
2. El que indujere a una mujer a producirse su
aborto o a consentir que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos
por la Ley, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para
prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años.
3. En
ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada.»
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Artículo 145 bis.
1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce
meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados,
por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados
en la ley, practique un aborto:
a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la
información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de
apoyo a la maternidad;
b) sin haber transcurrido el período de espera
contemplado en la legislación;
c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos;
d) fuera de un centro o establecimiento público o privado
acreditado. En este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas
previstas en este artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya
practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.
3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto.
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Tres. Se modifica el artículo 145 bis, que pasa a
tener la siguiente redacción:
«1. No constituirá delito el aborto practicado
por un médico o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario,
público o privado, acreditado y con el consentimiento expreso de la mujer
embarazada, previamente informada y asesorada, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que sea necesario, por no poder solucionarse
el conflicto, desde el ámbito médico, de ninguna otra forma, para evitar un grave peligro para la vida
o la salud física o psíquica de la embarazada, siempre que se practique
dentro de las veintidós primeras semanas de gestación. A estos efectos,
se entenderá que existe grave peligro para la vida o la salud de la mujer
cuando el embarazo produzca un menoscabo importante a su salud, con
permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia
médica en ese momento, y así se constate en un informe motivado y emitido con
anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la
patología que genera el grave peligro para la mujer, distintos de aquél que
practique el aborto o bajo cuya dirección éste tenga lugar y que no desarrollen
su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a
cabo.
En el caso de que el grave peligro para la salud
psíquica de la mujer tenga su origen en la existencia en el feto de alguna
anomalía incompatible con la vida, el informe exigido en el párrafo anterior
será emitido por un solo médico, debiendo acreditarse, además, tal anomalía
mediante otro informe motivado y emitido con anterioridad por un médico
especialista en la materia, en quien concurran los mismos requisitos. A estos
efectos, se entenderá por anomalía fetal incompatible con la vida aquélla que
previsible y habitualmente, en el momento del diagnóstico, se asocie con la
muerte del feto o del recién nacido durante el período neonatal, aunque en
condiciones excepcionales la supervivencia pueda ser mayor.
No
será punible el aborto, aunque se superen las veintidós semanas de gestación,
siempre que no se hubiese detectado o podido detectar anteriormente, con un
diagnóstico certero, la anomalía incompatible con la vida del feto y
así conste en el informe emitido con anterioridad, conforme a lo exigido en
este apartado, o cuando exista riesgo vital para la mujer que no sea posible
evitar, dentro de lo clínicamente exigible, mediante la protección de la vida
del concebido a través de la inducción del parto.
b) Que el
embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la
libertad o indemnidad sexual, siempre que el aborto se practique dentro de
las doce primeras semanas de gestación y el mencionado hecho hubiese sido
denunciado con anterioridad.
2. En el caso del aborto de la mujer menor entre
16 y 18 años, no emancipada, o de la mayor de edad sujeta a curatela, será
preciso el consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares
de la patria potestad, tutor o curador. Si la embarazada fuera menor de 16
años o mayor de edad sujeta a tutela, además de su manifestación de voluntad,
se precisará el consentimiento expreso de sus padres, si ejercieren la patria
potestad, o de su tutor.
No obstante ello, cuando concurran serios motivos
que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o
curador de la mujer, o cuando interpelados nieguen su consentimiento o
asentimiento, según proceda, o expresen opiniones distintas a ella, el Juez resolverá sobre la suficiencia y
validez del consentimiento prestado por la mujer conforme al procedimiento
legalmente establecido.
3. En caso de urgencia por peligro vital para la
gestante, podrá prescindirse del informe, asesoramiento, información y consentimiento
expreso de la embarazada si no estuviera en condiciones de prestarlo,
pudiendo el médico consultar, cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella. Si fuera menor de
edad o con la capacidad judicialmente complementada, también se podrá
prescindir del consentimiento expreso o asentimiento de aquéllos que tengan
que prestarlo, si no pudieran efectuarlo.»
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Artículo 146.
El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será
castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10
meses.
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se
impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.
La embarazada no será penada a tenor de este
precepto
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Cuatro. Se modifica el artículo 146, que pasa a
tener la siguiente redacción:
«1. El que por imprudencia grave produzca el
aborto de una mujer, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco
meses o multa de seis a diez meses.
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia
profesional se impondrá, asimismo, la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.
2. La embarazada que se causare a sí misma el
aborto por imprudencia no será penada.»
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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil. (Redacción Anterior)
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Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
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Artículo 748. Ámbito de aplicación del presente título.
Las disposiciones del presente título serán aplicables a
los siguientes procesos:
1.º Los que versen sobre la capacidad de las personas y
los de declaración de prodigalidad.
2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.
3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio
y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.
4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia
de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el
otro en nombre de los hijos menores.
5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de
resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
6.º Los que tengan por objeto la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
7.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en
la adopción.
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Uno. Se modifica el artículo 748, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 748. Ámbito de aplicación del presente
título.
Las disposiciones del presente título serán
aplicables a los siguientes procesos:
1º Los que versen sobre la capacidad de las
personas y los de declaración de prodigalidad.
2º Los de filiación, paternidad y maternidad.
3º Los de nulidad del matrimonio, separación y
divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.
4º Los que versen exclusivamente sobre guarda y
custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor
contra el otro en nombre de los hijos menores.
5º Los de reconocimiento de eficacia civil de
resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
6º Los que tengan por objeto la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
7º Los que versen sobre la necesidad de
asentimiento en la adopción.
8º
Los que versen sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del
embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente
complementada.»
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Artículo 749. Intervención del Ministerio Fiscal.
1. En los procesos sobre incapacitación, en los de
nulidad matrimonial y en los de determinación e impugnación de la filiación
será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los
mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes.
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Dos. Se modifica el apartado primero del artículo
749, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. En los procesos sobre la capacidad de las
personas, en los de nulidad matrimonial, en los de determinación e
impugnación de la filiación y en los
que versen sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del
embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente
complementada, será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya
sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de
alguna de las partes, que velará durante todo el proceso por la salvaguarda
del interés superior de la persona afectada.»
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Tres. Se añade el CAPITULO III bis en el TITULO I
del LIBRO IV integrado por el nuevo artículo 768 bis, con el siguiente
título:
«CAPÍTULO III BIS
Del proceso sobre el consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con la
capacidad judicialmente complementada
Artículo 768 bis. Del consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con
capacidad judicialmente complementada.
1. Se procederá, conforme a lo previsto en este
artículo, en los supuestos en los que el Juez deba pronunciarse, conforme a
lo dispuesto en el artículo 145 bis del Código Penal, sobre la validez y
suficiencia del consentimiento prestado por la mujer embarazada menor entre
16 y 18 años, no emancipada, o de la mayor de edad sujeta a curatela para la
interrupción voluntaria de su embarazo, o del consentimiento prestado por sus
padres o tutores cuando la mujer fuera menor de 16 años o mayor de edad
sujeta a tutela, por concurrir serios motivos que impidan o desaconsejen que
se consulte a los representantes legales o curador de la mujer o, cuando
interpelados, nieguen su consentimiento o asentimiento, según proceda, o
expresen opiniones distintas.
Esta prevención no se aplicará si hubiera que
poner fin al embarazo para evitar un peligro vital para la mujer embarazada.
2. El procedimiento será de tramitación urgente y
preferente.
Los actos y comparecencias serán a puerta cerrada
y las actuaciones serán reservadas.
3. La mujer deberá ser representada por aquel de
sus representantes legales que coincida con ella en cuanto al consentimiento,
si lo hubiera, sin que precise habilitación para ello y, en su defecto, por
el Ministerio Fiscal, incluso cuando haya sido éste el promotor del
procedimiento.
Será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque
no haya sido promotor ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de la
mujer.
Los in
4. El procedimiento se iniciará mediante
solicitud presentada por la mujer, por el representante legal que esté
conforme con ella, si lo hubiera, o por el Ministerio Fiscal, ante el Juzgado
de Primera Instancia del domicilio de la mujer embarazada.
Igualmente, los médicos que fueran a emitir los
informes preceptivos o que vayan a practicar la interrupción voluntaria del
embarazo y conocieran la existencia de alguno de estos supuestos, deberán
ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su
caso, solicite la declaración judicial que proceda.
La solicitud deberá ser presentada, al menos,
quince días antes de concluir los plazos para la interrupción voluntaria del
embarazo establecidos en el artículo 145 bis del Código Penal, salvo en el
supuesto de despenalización del aborto tras haber transcurrido las veintidós
primeras semanas de gestación, en cuyo caso la solicitud deberá ser
presentada dentro de los tres días siguientes a la fecha de la emisión del
informe médico en el que se constate dicha circunstancia, emitido de
conformidad con el referido artículo.
No obstante, la presentación de la solicitud no
producirá ningún efecto en cuanto al cómputo de los plazos establecidos en el
artículo 145 bis del Código Penal para la práctica de la interrupción
voluntaria del embarazo.
5. En la solicitud se expresarán las
circunstancias personales de la mujer y de los que deban ser consultados, la
identidad del médico que vaya a realizar la intervención y de las personas
que puedan estar in
A la solicitud se acompañarán:
1) Los informes de los médicos exigidos para
proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y emitidos de conformidad
con lo dispuesto en la normativa correspondiente.
2) Los documentos en los que consten el
consentimiento expreso o la manifestación de voluntad de la mujer y los
consentimientos o asentimientos de los que deban intervenir en
la adopción de la decisión de aquélla, conforme a
lo establecido en el artículo 145 bis del Código Penal.
3) Las certificaciones de la información clínica
y asesoramiento asistencial, recibidos previa y obligatoriamente por la
mujer, sin que se precise que haya transcurrido el plazo de 7 días en los
supuestos de despenalización de la práctica del aborto tras las veintidós
primeras semanas de gestación.
4) Y aquellos informes y dictámenes que el
solicitante considere de interés para el procedimiento.
6. El Secretario judicial resolverá sobre la
admisión de la solicitud en el mismo día y citará a la mujer, a la persona o
personas a quienes corresponda prestar el consentimiento o asentimiento, a
quienes consten en la solicitud como in
El Juez podrá, con carácter previo y dentro del
citado plazo, de oficio o a petición de parte o del Ministerio Fiscal,
acordar que se cite a aquéllos que estuvieran in
7. En la comparecencia, el Juez examinará y oirá
a la mujer atendiendo a su edad, grado de madurez y circunstancias, quien
deberá ratificar su consentimiento o manifestación de voluntad, a sus
representantes legales, curador, así como a los demás in
Tras la finalización de la comparecencia, el Juez
resolverá mediante auto, dentro de las 24 horas siguientes.
8. Si la mujer embarazada fuera menor entre
Cuando la mujer fuera menor de 16 años o mayor de
edad sujeta a tutela, el Juez decidirá atendiendo principalmente al
consentimiento manifestado por sus padres o tutor salvo que ello fuera
contrario a la protección del interés de la mujer, resolviendo, en tal caso o
en ausencia de ese consentimiento, lo que proceda en atención a su interés.
La evaluación y determinación del interés de la
mujer afectada se realizará, de forma individual, en función de sus
circunstancias específicas, voluntad, situación y necesidades personales.
9. Contra el auto que se dicte podrá interponerse
recurso de apelación, dentro de los dos días siguientes al de su
notificación, teniendo efectos suspensivos si la resolución fuera
estimatoria. Interpuesto el recurso, deberá ser remitido el mismo día o al
día siguiente al órgano competente para resolverlo, lo que hará dentro de las
48 horas siguientes.»
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Este trabajo es simplemente informativo.
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